El problema de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos en Huelva.

En Huelva, España, cuatro gigantescas balsas con 120 millones de toneladas de residuos vertidos durante décadas por la empresa Fertiberia sobre 1,120 hectáreas, tienen, desde hace una semana, algo más claro su destino. El contraste evocador de verdes intensos y blancos sepultan la peligrosidad del mayor vertedero industrial de Europa, según los expertos. Sobre el terreno, las balsas combinan carreteras transitables de fosfoyesos consolidados y lagos de aguas ácidas letales.

¿Qué hacer con esas montañas de deshechos? Enterrarlas es la opción más probable que ha sido avalada por el gobierno, pero las últimas evidencias científicas revelan que en una lengua de tierra rodeada de marisma y sin impermeabilizar durante décadas, su sellado es muy complejo si no imposible por las mareas. De ahí que los expertos estudien otras alternativas que de paso descarten el riesgo probable de tsunamis o terremotos.

En 1968 comenzaron a acumularse las pirámides de fosfoyesos —derivados de la producción de fertilizantes agrícolas— junto a cenizas de pirita, uranio natural y metales pesados que alcanzaron cumbres de 25 metros.

Hasta 1997 y durante tres décadas, gracias a una legislación laxa con los vertidos industriales, Fertiberia produjo 2.5 millones de toneladas de fosfoyesos cada año y el 20% se vertía directamente sin control ni tratamiento al estuario del río Odiel, tal y como refleja el primer informe del comité científico que estudia el caso.

En las últimas dos décadas se frenaron los vertidos directos a la ría de estos residuos “peligrosos” según la normativa europea, pero los indirectos continuaron hasta 2010, cuando la justicia detuvo la acumulación de residuos por el riesgo evidente de contaminación. Ha pasado más de una década desde la sentencia de la Audiencia Nacional y ahora el Gobierno ha dado una primera autorización —declaración de impacto ambiental favorable— al proyecto de la empresa Fertiberia para cubrirlas con una capa de un metro de tierra y arcilla compacta.

Sin embargo, este comité de 19 expertos científicos explora otras alternativas más eficaces y no descarta la inertización —desactivar la naturaleza química de los residuos— o el traslado mediante buques o miles de camiones durante años. El primer enterramiento de un apilamiento de fosoyesos con ocho metros de altura realizado hace años es hoy un queso gruyere por el que se filtran contaminantes al mar. Por desconocimiento o inconsciencia, muy cerca de las balsas hay pescadores en tierra que cada día lanzan sus cañas.

La balsa número cuatro (125 hectáreas) se tapó hace años, pero la marea ignora las cubiertas vegetales y se cuela hasta el corazón de los fosfoyesos, para regresar al mar con altas concentraciones de arsénico y cadmio, metales pesados que se mantienen en el medio líquido.

Próximas investigaciones dilucidarán si los metales han pasado al pescado y a las personas.

Los científicos colaboran con Fertiberia y la compañía ya ha asumido algunas propuestas, pero estos quieren explorar todas las alternativas y arrojar luz sobre cualquier área afectada: el impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas, la estabilidad geológica, la radioactividad presente y el coste socioeconómico de cada solución planteada. El objetivo es que nada quede oscuro en una compleja restauración donde se mezclan intereses económicos, la salud de 150 mil personas y el medio ambiente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico descartó, la opción del traslado de los 120 millones de toneladas a balsas impermeabilizadas y alejadas del mar y de núcleos de población, sin aportar argumentos científicos.  Y aunque aún debe pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear —que lo identificó como suelo radioactivo en 2018— y la Junta andaluza sobre aspectos clave de salud pública y estabilidad de las balsas, el enterramiento de los residuos es hoy la opción más probable.

Fertiberia —con 1.400 empleados y 570 millones de euros de facturación— asegura que siempre ha colaborado con los científicos, a pesar de que algunos de ellos han sido expulsados mientras tomaban muestras al alegar la empresa la peligrosidad del terreno, y destaca que su plan, con una inversión prevista de 66 millones es la opción más segura.

El Ministerio nos exigió un estudio de sismo extremo y lo hicimos. No hay balsa más instrumentalizada que la nuestra, es el caso más completo del mundo, y cada día que pasa el yeso está más consolidado y es más seguro, afirma Juan Ramón Miró, responsable técnico del proyecto. El plan incluye 10 años de ejecución y 30 de vigilancia, periodo tras el que el Estado se haría cargo como propietario de los terrenos, estima Miró.

El geólogo José Borrego, de la Universidad de Huelva, es crítico con la fiabilidad de los estudios aportados por la compañía al gobierno: Necesitamos entrar en las balsas para saber qué está pasando debajo de los apilamientos. No sé cómo el ministerio ha aceptado sus cálculos de estabilidad cuando son para embalses o presas, no para apilamientos de residuos (…) Hablamos de un soporte embebido en agua, con presiones de hasta 60 toneladas por metro cuadrado.

Para combatir los residuos nació en Huelva la Mesa de la Ría, asociación que ha devenido en partido político. Un chiringuito hay que hacerlo desmontable, pero un vertedero hay que sellarlo y dejarlo en plena marisma, critica Juan Manuel Buendía, presidente del colectivo. Julio Barea, de Greenpeace, añade: Es una burla y dejarán una bomba química al amparo de las mareas y del cambio climático, porque eso se lo llevará el mar. Y lo dice la Constitución, quien contamina, paga. Hay dos partes semirestauradas y no valen. ¿Es lo mejor para la empresa? Sí. ¿Lo mejor para Huelva y sus ciudadanos? No.

El asunto está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear y la Junta de Andalucía , que ahora debe conceder la autorización ambiental integrada al evaluar el impacto ambiental, examinar la estabilidad de las balsas y el impacto en la salud de la población, tres cuestiones muy sensibles para ratificar la luz verde o tumbar el proyecto de Fertiberia. La Junta ha rechazado opinar para este reportaje.

¿Cuándo comenzarán por fin las obras para restaurar las balsas? La respuesta llegará en años y depende del retraso en los análisis de la Junta, que podría (o no) contar con el comité de expertos, creado tras un encargo del Ayuntamiento de Huelva a la Universidad onubense.  El trabajo investigador para esclarecer los aspectos más peliagudos de las balsas, de salud pública y radioactividad entre otros, requiere unos 100,000 euros al año, que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades desatascó el pasado viernes ante la universidad onubense, según fuentes de este campus.

Mantener el actual nivel de producción agrícola mundial lleva aparejado la producción de fertilizantes fosfatados. Y estos fertilizantes producen 280 millones de toneladas de fosfoyesos, pero solo el 15% de estos se recicla, el resto se deposita en grandes balsas cercanas a las plantas, según varios estudios. La particularidad de Huelva es que sus residuos peligrosos forman parte del paisaje urbano y el mar penetra las balsas a diario.

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Con información de El País.